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Antonio Pérez, secretario de Felipe II, fue acusado de asesinato. Para evitar la justicia castellana, huyó a Zaragoza y como era descendiente de aragoneses, se acogió a los fueros para ser juzgado de acuerdo con ellos. Felipe II acusó a Pérez ante la Inquisición, que tenía como jurisdicción tanto en Castilla como en Aragón. Este tribunal lo condenó a muerte por hereje. Pero la condena provocó graves disturbios en Zaragoza en 1591, pues se consideró que se había violado los fueros aragoneses.

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